El diario londinense Financial Times (FT) sacó hoy a relucir “la mala gestión” del gobierno del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un reportaje en el que compara los escándalos de corrupción en Brasil y México. Es el mismo día en el que Foreign Policy (FP) titula con un encabezado contundente: “La desaparición de 43 estudiantes universitarios sólo demuestra lo que todos en México ya se sabe: Las autoridades no son de fiar”. Peña Nieto, según el texto del Times firmado por John Paul Rathbone, “ha aparecido casi distante, incluso a la defensiva”, a pesar de haberse reunido con los padres de los normalistas. “Hasta el momento la respuesta del gobierno ha sido débil”, señala el autor.
El FT establece una comparativa entre las mayores potencias económicas de Latinoamérica: Brasil y México. Ambos países están sumidos en escándalos que han involucrado a sus presidentes y a los inversores. Pero de acuerdo con FT, hasta ahora, la líder brasileña Dilma Rousseff ha manejado la crisis y sus consecuencias mucho mejor que Enrique Peña Nieto. La crisis brasileña, explica el Times, gira en torno a los sobornos de la energética estatal Petrobras que Rousseff debió supervisar cuando era Ministro de Energía.
También el ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva está siendo investigado por las autoridades federales. El diario inglés destaca también el doble escándalo mexicano: la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero y el contrato de construcción ganado por el consorcio chino que implica a la empresa propietaria de la casa de la Primera Dama. Según el FT, ambos casos están directamente relacionados y se deben a “la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho”. El diario no tiene duda al valorar la gestión de ambas crisis: “Hasta ahora Rousseff ha manejado la controversia mejor”. Y afirma que la Presidenta, al contrario que Peña Nieto, reconoció la gravedad del escándalo de Petrobras e incluso lo volvió a su favor asegurando que su investigación “cambiará para siempre” a la sociedad brasileña. “Esto va a acabar con la impunidad”, dijo a los periodistas en la cumbre del G-20 en Australia el pasado fin de semana. “Esto, para mí, es el objetivo principal de la investigación”.
Peña Nieto y otros miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acaban de acusar a los manifestantes de “tender una trampa a México”. El Presidente aseguró que dentro de las protestas hay “intereses de desestabilizar” el país. “Hay protestas que no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de desestabilizar, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de Nación que venimos construyendo”. Rousseff, tal y como indica FT, ha reconocido abiertamente el derecho a la protesta pública por el escándalo de Petrobras. “Brasil dispone de espacio para las protestas, incluso las que piden un golpe de Estado. Porque hoy estamos de hecho un país democrático”. “¿Por qué hay tanta diferencia de enfoque, teniendo en cuenta que Rousseff suele ser muy dura en público, mientras que Peña Nieto es a menudo encantador?”, se pregunta el reportero de FT. Y da tres razones: Primera: Roussef ha sido capaz de distanciarse del gobernante Partido de los Trabajadores en el que milita desde el año 2000. “Peña Nieto no puede dejar un partido en el que entró desde el comienzo de su carrera política. Él se comprometió a cambiar México, pero el PRI no entró en eso”. Segundo: “Roussef es una Presidenta aguerrida que ha superado muchas crisis, Peña Nieto se enfrenta a su primera crisis grave.
Su falta de experiencia se está poniendo en evidencia”. Tercero: Según el FT la política económica de Roussef parece haber perdido su dirección, mientras que Peña Nieto se alza como un reformista radical en cuanto la liberalización de la energía, que según el diario inglés “México necesitaba hace tanto tiempo”. El único problema con él, en la actual situación, es que el paquete de reformas no será suficiente por sí mismo. Por último el Times lanza una pregunta: ¿Alguno de estos presidentes podrá hacer cambios significativos?
FT asegura que Peña Nieto tiene capacidades para lograr un cambio y llegar a encarcelar a los gobernadores corruptos y criminales, pero “para lograrlo tendría que tomar medidas enérgicas contra las mismas personas que pudieron haberle ayudado a subir al poder. ¿Lo hará?”. LAS AUTORIDADES NO SON DE FIAR Foreign Policy (FP) titula con un encabezado fuerte: “La desaparición de 43 estudiantes universitarios sólo demuestra lo que todos en México ya se sabe: Las autoridades no son de fiar”. El texto, firmado por Daniel Wilkinson, director de la delegación americana de Human Rights Watch, es mucho más crítico con el Gobierno mexicano, al que califica como poco fiable e incapaz”. El texto comienza narrando el escepticismo de las familias ante las declaraciones del Procurador Jesús Murillo Karam, quien sugirió que los restos encontrados en Cocula pueden ser los de los normalistas desaparecidos. “El escepticismo de las familias es comprensible.
En innumerables ocasiones a lo largo de la última década, la policía, los militares, y el sistema de justicia de México han demostrado ser poco fiables e incapaces de rendir cuentas. No están preparados para manejar la catástrofe de seguridad pública que se ha cobrado la vida de más de 90 mil mexicanos desde que comenzó la guerra contra las drogas en 2006”. “En Iguala, las autoridades mostraron una notable indiferencia por el destino de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre, cuando comenzó su calvario.
El secuestro masivo tuvo lugar a sólo 100 metros de una base militar. “La primera reacción pública del presidente Enrique Peña Nieto para el caso de varios días más tarde fue a declarar que no era el problema de su gobierno, sino más bien la responsabilidad de las autoridades locales en Guerrero”. FP evidencia la incongruencia que suponen las declaraciones de Peña excusándose de que necesitaban una autorización del Gobierno de Guerrero. Wilkinson afirma no creer al Gobierno mexicano: “Es muy difícil creer que el Gobierno Federal no podía haber presionado funcionarios a nivel estatal para otorgar la autorización más rápidamente. De hecho, la demora era totalmente coherente con la actitud pasiva que el gobierno mexicano ha tomado con respecto a otras atrocidades contra los derechos humanos en los últimos años”.
Tomemos por ejemplo el caso de José Luis Abarca, el ahora ex alcalde de Iguala que fue arrestado a principios de noviembre y presenta como principal sospechoso de ordenar el secuestro de los 43 estudiantes. “Abarca también estuvo implicado en el secuestro y asesinato de un destacado crítico de su gobierno y otros dos activistas políticos de mayo de 2013. Solo se presentaron cargos contra el alcalde en octubre – después de la desaparición de los 43 estudiantes (…). Si Abarca hubiera sido investigado y detenido, tal vez el destino de los alumnos habría sido diferente”. Wilkinson también cuestiona la versión oficial dada en el caso de los asesinatos de Tlatlaya.
“En otro caso reciente, los fiscales federales esperaron tres meses para abrir una investigación sobre el homicidio de 22 personas por los soldados en junio en Tlatlaya, una pequeña ciudad en el estado de México. Durante semanas, el gobierno sostuvo que los soldados habían matado a las 22 personas en un tiroteo (…). Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los fiscales estatales obligaron a tres mujeres que fueron testigos de los asesinatos a firmar declaraciones exonerando a los soldados. Y amenazaron con violar a las tres”. “Desde el principio, había múltiples razones para cuestionar la versión oficial de los asesinatos Tlatlaya. Sin embargo, la oficina del fiscal general federal sólo abrió una investigación después de la edición latinoamericana de la revista Esquire publicó una entrevista con uno de los testigos en septiembre”. Lo que los fiscales federales no han hecho es abrir una investigación sobre la participación de otros funcionarios en el encubrimiento. Wilkinson asegura que le preguntó al fiscal general por qué no abrían una investigación sobre la participación de otros funcionarios en el encubrimiento. “Él me respondió indignado: ¿Qué encubrimiento?”.
También alude a las declaraciones del Procurador Murillo Karam el 7 de noviembre, cuando se le preguntó sobre el fracaso de los militares a intervenir para salvar a los estudiantes en Iguala. “¿Qué hubiera pasado si el ejército había salido en ese momento?” , preguntó a su vez Karam. “¿A quién hubieran apoyado? Obviamente a la autoridad establecida.” Es decir, reconoció que la policía estaba atacando a un grupo de estudiantes universitarios. “Para ser justos”, continúa Wilkinson “Murillo solo quería decir que una intervención del ejército sólo habría empeorado las cosas.
Pero en ese momento de candor resumió lo que muchos mexicanos consideran que es la verdad esencial que la tragedia Iguala ha expuesto sobre su país: sus instituciones de seguridad pública no están funcionando como garantías de la seguridad pública. Por el contrario, son una parte central del problema “Recientemente me reuní con los padres de tres de los estudiantes desaparecidos”, termina Wilkinson. “Dos se sentaron en silencio – uno temblaba incontrolablemente, el otro estaba absolutamente inmóvil, aparentemente ajeno a las lágrimas que rodaban por su rostro” -Nos enfrentamos al mayor monstruo de todos, me dijo con angustia. -¿Qué monstruo? “Supuse que se refería a la violencia del crimen organizado. Pero su respuesta fue más inquietante”.
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