Se esperaba un recorte pero, finalmente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió mantener sin cambios su producción de petróleo. Tras esta decisión, los precios caían hasta llegar a cotizar por debajo de los 70 dólares por barril. Un descenso que no beneficia nada al proceso de liberalización que está llevando a cabo el sector energético mexicano. Y es que el atractivo que este proceso puede tener para las inversiones extranjeras depende en gran medida de los precios del crudo.
En los próximos meses se conocerán las condiciones de los contratos de concesión. El gobierno de México planea llevar a cabo las rondas de licitación una vez al año y recibir a través de ellas unos ingresos cercanos a los 2.600 millones de dólares. Pero la caída del precio del crudo hace que la extracción resulte menos rentable, especialmente en los proyectos de aguas profundas y, con ello, descienda el margen de ganancias, lo que podría espantar a potenciales inversores y empeoraría la posición negociadora del Gobierno.
De hecho, el Gobierno mexicano ya ha tomado medidas contra una mayor caída del precio del crudo. El ministro de Finanzas, Luis Videgaray, creó hace algunas semanas certificados optativos que garantizan la venta a 79 dólares por barril si el precio del crudo cae por debajo de la marca de 76,4 dólares.
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